NOTICIA DE NEGACION

Cancillería colombiana desmiente fumigaciones en frontera con Ecuador

A través de un comunicado, le salió al paso a informaciones del diario ecuatoriano La Hora.

Según ese medio de comunicación,  la ONG Asamblea Permanente de las Comunidades Indígenas y Campesinas, denunció aspersiones de glifosato para fumigar cultivos ilícitos "en el departamento de Putumayo, fronterizo con la provincia de Sucumbíos"."

"El área forma parte de los 10 kilómetros convenidos entre Colombia y Ecuador para ser exceptuados de las fumigaciones que han afectado a la población fronteriza, divulgó a su vez la agencia Prensa Latina", informó La Hora en su página de internet.

Ante esto, el Gobierno de Colombia enfatizó que "ha dado estricto cumplimiento a lo acordado entre los Ministros de Relaciones Exteriores de Colombia y Ecuador el día 7 de diciembre de 2005 en Quito, en el sentido de suspender las aspersiones en la zona de frontera con el Ecuador desde el mes de enero de 2006".

Desde esa fecha hasta hoy, señaló la Cancillería, no se han hecho fumigaciones "en la franja de 10 kilómetros a partir de la frontera común", que se pactó en el acuerdo de 2005.

Por su parte, el diario La Hora también recogió declaraciones delcanciller de Ecuador, Ricardo Patiño, quien aseguró que "hablaremos con el Gobierno colombiano, haremos lo que haya que hacer", con respecto a las denuncias.

Patiño dejó claro que no puede "especular" frente al tema y dejó claro que recopilará los datos de la denuncia para conversar directamente con la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín.

HECHO CONSUMADO

Ley de Inteligencia se cayó por errores de trámite en el Congreso

Era la única que, en 30 años, había aprobado el Congreso para regular las agencias de seguridad.

La única norma aprobada hasta el momento para reglamentar las actividades de inteligencia, que buscaba evitar excesos como los ocurridos en el escándalo de las 'chuzadas', se cayó este martes en la Corte Constitucional por vicios de trámite.


Los magistrados aceptaron la tesis de la Comisión Colombiana de Juristas, según la cual la Ley de Inteligencia era una norma estatutaria, por lo que debió ser aprobada con mayorías absolutas (la mitad más uno del total) en las comisiones y plenarias y no, como ocurrió, con mayorías simples (la mitad más uno de los asistentes).


Según la demanda de la Comisión -que consideraba el articulado un abuso para los Derechos Humanos-, la categoría de estatutaria se la da el hecho de que regulaba la protección de derechos fundamentales como la intimidad y el hábeas data.

En todo caso, la decisión deja en el aire pasos claves dados por el Estado colombiano para depurar entidades como el DAS, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y las inteligencias de la Policía y el Ejército. Esa labor se realizaba con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.


Por eso, en la práctica, se pierde, al menos temporalmente, una herramienta que, en palabras del presidente Juan Manuel Santos, buscaba "fortalecer los controles, definir los propósitos y dirigir los esfuerzos de las diferentes agencias de inteligencia del Estado" colombiano.


La ley, sancionada en marzo del año 2009, en pleno escándalo de las 'chuzadas', también buscaba fortalecer las actividades de inteligencia y contrainteligencia estableciendo límites a sus actividades y creando mecanismos de control y supervisión de las bases de datos secretas.

Expresamente, "prohibía recolectar información por razones de género, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión y opinión política".

Varias de las actividades ilegales realizadas en el DAS entre el 2004 y el 2008 tuvieron como objetivos partidos, periodistas y ONG de oposición.


Los argumentos de la demanda
Aunque sólo se acogieron argumentos de forma, la Comisión Colombiana de Juristas dice que la Ley vulnera el derecho a la información y no garantiza la verdad, justicia y reparación de víctimas de violaciones de derechos humanos.


Además, las sanciones por divulgar información reservada desconocen el derecho a la información. Y califica de injustificado 30 a 40 años de reserva a documentos de inteligencia y contrainteligencia.


¿Qué tenía la Ley de Inteligencia?
La ley sancionada en marzo del año 2.009 buscaba fortalecer las actividades de inteligencia y contra inteligencia, estableciendo límites a sus actividades y mecanismos de control y supervisión, a sus bases de datos.


El articulado prohibía recolectar información por razones de género, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión y opinión política, estableciendo garantías para los partidos políticos de oposición.


Igualmente establecía la Junta de Inteligencia Conjunta conformada por el Ministro de la Defensa, los directores de Inteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía, el director de Inteligencia del DAS y el director de la UIAF.


Esta junta se reuniría al menos una vez al mes para analizar asuntos relacionados con la seguridad y defensa del Estado.


Además la ley aprobada en el Congreso en diciembre de 2.008 creaba el plan nacional de inteligencia, que definía los objetivos y las prioridades de los organismos anualmente.

Así mismo establecía la obligación para que las misiones y operaciones de inteligencia estuvieran plenamente soportadas y autorizadas por orden de operaciones o misión de trabajo emitida por el superior jerárquico.


La ley creaba una comisión parlamentaria encargada de hacer seguimiento a las actividades de inteligencia, verificando la eficiencia en el uso de los recursos, el respeto de las garantías constitucionales y el cumplimiento de los principios, límites y fines establecidos en la norma.


Además de establecer un tiempo de 40 años para desclasificar esos archivos de inteligencia establecía una nueva regulación de penas para quienes violaran la reserva.

Establecía prisión de entre 5 y  ocho años para quien difunda o utilice documentos reservados.


Uno de los artículos definía que el Presidente de la República y sus Ministros son los principales destinatarios de la información de inteligencia y los únicos facultados para hacer requerimientos a los organismos encargados de su recolección.


Como un tema novedoso, la ley buscaba proteger a los funcionarios de los organismos de inteligencia llegando hasta el punto de autorizar a la registraduría para darles una nueva identidad.

Frente al tema de las interceptaciones telefónicas establecía que los operadores tendrían que informar al Ministerio de Comunicaciones y a la Fiscalía cualquier modificación en la tecnología de sus redes y poner a su disposición, en un tiempo y a un costo razonable, la implementación de los equipos de interceptación para la adaptación a la red.

Finalmente creaba los centros de protección de datos de inteligencia y contra inteligencia amparados por la reserva legal, los cuales no podrán hacerse públicos ni serán difundidos a particulares.  Estos datos serían depurados según determinación de la junta de inteligencia.

HECHO PROBABLE

Investigadores de Álvaro Uribe escucharán a Córdoba y Petro mañana

La diligencia será a partir de las 8 de la mañana en la Comisión de Acusación por las 'chuzadas'.

Los dirigentes políticos Piedad Córdoba y Gustavo Petro serán escuchados por los investigadores del ex presidente.

Así lo confirmó el representante a la Cámara Augusto Posada, uno de los tres investigadores.

El ex mandatario afronta una investigación preliminar por su supuesta participación en el escándalo de las interceptaciones ilegales.

Posada también confirmó que mañana mismo los representantes investigadores escucharán al ex magistrado Yesid Ramírez y al periodista Daniel Coronell.

Ramírez y Coronell al igual que Piedad Córdoba y Gustavo Petro se han declarado "víctimas" de las interceptaciones ilegales que realizó el DAS.

La otra persona que se declaró "víctima" de las 'chuzadas' fue William Romero, ex director de Fuentes Humanas del DAS, pero hasta el momento no ha sido posible contactarlo para que sea oído por los investigadores del ex mandatario.

NOTICIA DE AFIRMACION

'La Unidad Nacional está vivita y coleando', afirmó Santos

Con un 'jalón de orejas' a su coalición, el mandatario conjuró un conato de crisis.

Al término de una reunión con los jefes de los partidos de la Unidad Nacional y los presidentes de Senado y Cámara, el presidente Juan Manuel Santos dio por conjurada cualquier tensión al interior de la coalición.

"Cualquier diferencia (...) es marginal y secundaria frente a lo importante", aseguró el Jefe de Estado.

Las tensiones se desataron ayer, por cuenta de las acusaciones del Partido Conservador al ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, en el sentido de que él los estaba responsabilizando por la demora en el trámite de proyectos como el estatuto anticorrupción.

"Esas diferencias marginales las íbamos a superar porque en realidad no tienen ningún tipo de importancia. Nos vamos a concentrar en lo fundamental, en lo importante, que es, de aquí al 16 de diciembre, aprobar lo que falta por aprobar", agregó Santos quien, en un hecho poso usual, asumió la vocería de la reunión, que generalmente queda en manos de los legisladores.

El Presidente aseguró que "la Unidad Nacional está vivita, coleando y produciendo resultados".

Los líderes de los partidos de la coalición también dieron por conjurada cualquier división.

José Darío Salazar, presidente del conservatismo, dijo que está "absolutamente cancelado cualquier impasse que hubiera y estamos todos juntos trabajando para que no solamente esa ley sino todas las leyes importantes" tengan los debates correspondientes.

El senador aseguró que su partido "es solidario con sus integrantes cuando racionalmente hay que ser solidario con los integrantes".

Por su parte, Juan Lozano, jefe de 'la U', aseguró que "todas las nubes que había por ahí quedan totalmente disipadas".

En el mismo sentido se pronunció Germán Varón, codirector de Cambio Radical, quien afirmó que "estamos sólidos y muy sincronizados con lo que el país necesita".

"Nunca había visto un Congreso que tuviera esa solidez, y sobre todo, el propósito de agotar la agenda legislativa antes de que termine el periodo legal", dijo el congresista.

A su turno, Armando Benedetti, presidente del Congreso, destacó que tras la reunión con el presidente Santos "la coalición sale bastante fortalecida".

"Por estar peleando por bobadas, se estaba opacando lo que está haciendo el Congreso, que es algo histórico en términos de trabajo legislativo", sostuvo.

NOTICIA DE HECHO FUTURO

Son tres los guerrilleros que serán deportados desde Venezuela

Se trata de Nilson Navarro Mojica, Osvaldo Espinosa Varón y Priscila Ayala Mateus.

El presidente Santos confirmó que el avión que traerá a los subversivos al país ya partió.

En un comunicado del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, se señala que Venezuela expulsó a tres ciudadanos colombianos "quienes fueron detenidos por su participación en delitos vinculados al secuestro y la resistencia a la autoridad; atentando así contra la seguridad pública de la nación, alterando la paz y el sosiego del pueblo venezolano".

Agrega el comunicado que el Gobierno de Venezuela mantiene detenidos a otros cuatro colombianos. Sin embargo, "al no estar solicitados por la justicia de la República de Colombia serán juzgados y sometidos a la jurisdicción venezolana", indica el texto.

Estos últimos fueron capturados por los organismos de seguridad pública venezolanos, tras cometer el delito de secuestro, mientras.

Los guerrilleros que serán deportados son Nilson Navarro Mojica, conocido con los alias de 'Panadero', 'Ingeniero', 'Andrés' y 'Flaco'; Osvaldo Espinosa Varón, de las Farc, conocido con el alias de 'Farit' o 'Farías'; y Priscila Ayala Mateus, del Eln, compañera sentimental de Navarro Mojica.

Navarro Mojica es cabecilla de la compañía Omaira Montoya, del Frente Domingo Laín del Eln. Tiene tres órdenes de captura por los delitos de rebelión, homicidio agravado, hurto y secuestro. De hecho, la Interpol había emitido una circular roja para su búsqueda y captura por esos delitos.

Interpol Caracas reportó la captura de alias 'Panadero' el pasado 7 de octubre. Ésta se produjo durante el operativo de rescate del ciudadano venezolano Younes Haffar Abraham.

Priscila Ayala Mateus, sindicada de ser integrante del Eln, tiene en su contra órdenes de captura por rebelión, concierto para delinquir, homicidio agravado, hurto y secuestro.

Es una de las veinte personas más buscadas de Arauca y su captura también se reportó el 7 de octubre, en el mismo caso que involucró a Navarro Mojica.

Por su parte, Espinosa Varón, que se vinculó al frente 19 de las Farc en 1990, y era integrante del grupo de alias 'Miguel', jefe de finanzas de ese grupo armado ilegal, está sindicado de homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio, rebelión y métodos de guerra ilícitos. En su contra también había una circular roja de Interpol.

Tras una declaración sobre agenda legislativa que realizó en el Palacio de Nariño, el mandatario confirmó que el gobierno del vecino país decidió enviar a Colombia a varios guerrilleros de las Farc y el Eln que han sido detenidos en territorio venezolano.

Fuentes oficiales aseguraron que los guerrilleros son enviados a Colombia en calidad de deportados. Está previsto que lleguen a territorio nacional a mediodía en un vuelo charter, para que agentes del DAS los reciban y hagan el registro obligatorio. La Interpol los va a custodiar. Luego, los señalados subversivos serían dejados en manos de la Policía hasta que se defina el lugar de reclusión.

 La decisión hace parte de los gestos enmarcados en la reanudación de relaciones diplomáticas entre Bogotá y Caracas.

Como parte de la nueva etapa en la relación entre los gobiernos de los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez, Caracas se comprometió a no permitir la presencia de integrantes de grupos armados al margen de la ley dentro de sus fronteras.

El anuncio se conoce un día después de que el mandatario colombiano confirmó que extraditará a Venezuela al presunto narcoempresariovenezolano Walid Makled, quien también es pedido por el gobierno de EE. UU.